La Autoridad Bancaria Europea (EBA) informó hoy de la ampliación de sus directrices sobre lavado de dinero (ML) y financiación del terrorismo (FT) a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). Las nuevas directrices destacan los factores de riesgo de LA/FT y las medidas de mitigación que los CASP deben considerar. La medida, según la EBA, representa un importante paso en la lucha de la UE contra los delitos financieros. Las Directrices modificadas se aplicarán a partir del 30 de diciembre de 2024.
Autoridad Bancaria Europea criptoactivos
EBA señala que se puede abusar de los CASP con fines de delitos financieros, incluidos el LD y el FT. Afirma que los riesgos de que esto suceda pueden aumentar debido a la velocidad de las transferencias de criptoactivos o porque algunos productos contienen funciones que ocultan la identidad del usuario.
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El organismo señala que dada la interdependencia del sector financiero, las nuevas directrices también incluyen orientaciones dirigidas a otras instituciones financieras y de crédito que tienen CASP como clientes o que están expuestas a criptoactivos. «Este riesgo aumenta cuando las entidades financieras y de crédito mantienen relaciones comerciales con proveedores de servicios de criptoactivos que no están autorizados en virtud del Reglamento (UE) 2023/1114», indica. El plazo para que las autoridades competentes informen si cumplen las directrices será de dos meses después de la publicación de las traducciones a las lenguas oficiales de la UE.
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Ayudar a los CASP
Las enmiendas tienen como objetivo ayudar a los CASP a identificar estos riesgos al proporcionar una lista de diferentes factores, que pueden indicar la exposición a niveles más altos o más bajos de riesgo de LA/FT. En función de clientes, productos, canales de entrega y ubicaciones geográficas.
Con base a dichos factores de riesgo, los CASP pueden desarrollar una comprensión de su base de clientes e identificar qué parte de su negocio o actividad es más vulnerable al LA/FT. Las Directrices también explican cómo los CASP deben ajustar sus medidas de mitigación, incluido el uso de herramientas de análisis de blockchain.
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