Green United LLC, una empresa que ofreció equipos de minería de su token GREEN a residentes de Estados Unidos, manejó un esquema fraudulento. Así lo apunta la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el año pasado y que ahora encontró respaldo de un tribunal.
En un fallo emitido el 23 de septiembre, la jueza Ann Marie McIff Allen determinó que la SEC tiene suficientes fundamentos para avanzar con la demanda que tiene en curso. Por lo tanto, el caso seguirá adelante dejando atrás el intento que hicieron los líderes de la empresa de acudir al tribunal para desestimar los argumentos presentados por la SEC, señalando que la agencia no tiene autoridad para regular a la industria de las criptomonedas.
En sí, la compañía, dirigida por Wright Thurston y Kristoffer Krohn, es señalada por haber recaudado 18 millones de dólares de inversionistas estadounidenses a los que ofreció en venta supuestos equipos de minería de criptomonedas denominados Green Boxes y Green nodes.
Según la SEC, estos dispositivos para la minería digital fueron comercializados como instrumentos para generar un token llamado GREEN, en una red descentralizada y «verde» (amigable con el medio ambiente) que nunca existió.
El texto presentado por la agencia reguladora indica que la empresa prometía rentabilidad mensual del 40% al 50% por la minería del token GREEN. Incluso, llegó a vender más de 1.000 Green boxes o supuestos dispositivos para minar criptomonedas por los cuales recibió un total de 3 millones de dólares, pero aparentemente nunca entregó esos mineros. Sobre ello, la SEC sostiene que esos equipos no tenían ninguna función práctica y que los ingresos de estas ventas fueron destinados a adquirir S9 Antminers que son los usados para la minería de Bitcoin.
En todo caso, los afectados terminaron recibiendo tokens GREEN como recompensa, en lugar de los bitcoins que la empresa minaba en secreto. No obstante, la realidad es que este token distribuído por los líderes de la empresa no puede ser minado, tal como lo informó CriptoNoticias anteriormente. Se debe al hecho de que ese criptoactivo está basado en la red Ethereum, la cual genera nuevos ethers (ETH) a través del staking, un sistema de validación de transacción diferente a la minería.
De tal manera que, los productos ofrecidos por los demandados fueron catalogados por la SEC como contratos de inversión, que es la evidencia de que se comercializaron valores (securities) conforme a lo establecido en la Ley de Valores de Estados Unidos. Un contrato de inversión implica que se coloca dinero en una empresa común con la expectativa razonable de obtener ganancias que dependen de las iniciativas de otros.
Adicionalmente, tanto la agencia, como el tribunal, estuvieron de acuerdo en que los productos ofrecidos por la empresa fueron parte de un esquema fraudulento que engañó a muchos inversionistas, afectando su confianza y asegurando beneficios ilegítimos para quienes los promovieron. Por ello, la SEC solicitó una orden judicial permanente que prohíba a los demandados participar en futuras ofertas de valores no registrados, así como la devolución de todas las ganancias mal adquiridas, junto con intereses prejudiciales y sanciones civiles.
La confusión sobre el caso de los equipos mineros de Green United LLC
Debido a que varios informes han malinterpretado el texto presentado por la SEC en su demanda contra la empresa Green United LLC., surgió la confusión de que los equipos de minería de criptomonedas fueron catalogados como valores por parte de la agencia reguladora. Sin embargo, la realidad es más compleja y gira en torno a la caracterización del plan de inversión que ofrecía la compañía, no específicamente sobre los equipos denominados Green Boxes y Green Nodes.
Precisamente el término valores ha venido causando confusión y controversia en la industria de las criptomonedas. Tanto es así que la misma agencia lo reconoció recientemente en un experiente judicial en el que pidió disculpas y prometió «usar un lenguaje más cauteloso en el futuro«.
Sobre el caso de Green se pronunció el abogado John Reed Star, quien detalla que los líderes de la empresa Green United LLC reclutaron y pagaron comisiones para promover y vender Green Boxes. También actuaron como corredores de valores no registrados e hicieron numerosas declaraciones falsas a los inversionistas sobre el valor del token GREEN y los retornos de inversión que podrían anticipar.
Adicionalmente los demandados hicieron creer a los inversionistas que el precio de GREEN podría aumentar si Green United lograba crear una «red pública global descentralizada».
El caso, en sí, es complicado de entender por lo que detalla Reed: «las Green Boxes compradas por los inversores no minaban GREEN, sino que minaban Bitcoin, que no se transfería a los inversores. Del mismo modo, los Green Nodes no minaban GREEN sino que, como se alega en la denuncia, eran un software básico que de ninguna manera generaba GREEN».
Para el abogado, la principal confusión se genera por el hecho de que «el Congreso utilizó un pincel muy amplio al definir un valor». Agrega que se trata de un alcance prácticamente ilimitado del ingenio humano, especialmente en la creación de innumerables y variables esquemas ideados por quienes buscan el uso del dinero de otros con la promesa de obtener ganancias.
En un extenso tuit Reed expone la postura de la SEC respecto a las criptomonedas, afirmando que casi todas las ofertas de estos activos son consideradas valores.
El abogado menciona que los proveedores de criptoactivos carecen de muchos de los elementos que permiten una valoración adecuada ante el regulador. Esto es como flujo de efectivo o historial operativo, lo cual dificulta el registro y la regulación por parte de la SEC.
Luego, Reed reconoce que la SEC no es perfecta y que algunas de sus normativas pueden ser cuestionables, pero considera que la agencia cumple con un papel fundamental y que está actuando dentro de su marco legal. Subraya que la industria de activos digitales debe adaptarse a las leyes existentes en lugar de esperar que estas cambien a su favor.
